Abordar las barreras estructurales para el progreso de la Plataforma de Acción de Beijing y el cumplimiento de los ODS

Conclusiones del Taller realizado en el marco de la 69CSW el 18 de marzo de 2025

Financiamiento del cuidado: propuestas feministas desde el Sur Global

Evento paralelo oficial de la CSW69

19 de marzo 2025

El presente documento recoge las intervenciones de Alma Espino, Luiza Nassif y Nasheli Noriega sobre los resultados del taller de co-creación “Financiamiento del cuidado para el cumplimiento de los ODS: propuestas feministas desde América Latina” realizado el 18 de marzo de 2025. Esta actividad fue organizada por la Red de Género y Comercio-AL, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), Oxfam con el apoyo de la Alianza Global por los Cuidados y el Wellspring Philanthropic Fund con vistas a la IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo y la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

La financiación de los cuidados es fundamental para el desarrollo y el combate a las desigualdades y la pobreza desde una perspectiva feminista. En la actualidad se presentan serias debilidades para garantizar este derecho, por lo cual es preciso debatir y decidir sobre distintas posibilidades de financiación, más justas, que contribuyan a la igualdad social y de género, así como a la generación de empleo y al desarrollo económico sostenible. La inclusión de la economía del cuidado en estas Conferencias representa una oportunidad crucial para destacar su papel en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la creación de sociedades equitativas y resilientes.

LOS CUIDADOS: RELEVANCIA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA

• La propuesta de asegurar la provisión corresponsable de los cuidados (sector público, privado, hombres y mujeres) se enfrenta a mayores exigencias de justificación así como de presentación de evidencias, en comparación con otras propuestas e imposiciones de gasto, inversión e incluso endeudamiento que toman los gobiernos.

  
  

• Desde los feminismos, el concepto de cuidados está asociado al proceso de reproducción social, por el cual se produce y se reproduce la vida (las generaciones y la fuerza de trabajo). Es pues, una base imprescindible para la producción de bienes y servicios y en definitiva, para que el sistema económico pueda funcionar. La falta de visibilización de su importancia por una parte, y por otra, la naturalización del hecho que las mujeres somos básicamente las responsables de asegurar ese proceso, constituyen las primeras barreras que debemos derribar para que cobre sentido políticamente, la necesidad “de” y el derecho “a” garantizar los cuidados para una vida que valga la pena de ser vivida.

  
  

• Las feministas planteamos que el sistema económico debe internalizar un costo del que nunca se hizo cargo, debido al orden de género vigente. Por lo tanto, estamos procurando dar la mayor visibilidad a la relación entre el funcionamiento del sistema económico, las relaciones de género y los cuidados.

  
  

• Las propuestas de desarrollo con equidad social y de género tienen que pensarse a partir de una mirada de la economía que incorpore la sostenibilidad de la vida humana como objetivo principal, advirtiendo que en caso contrario - las políticas económicas pueden volverse adversas o incompatibles con ésta.

  
  

• La mayor carga del trabajo no remunerado que enfrentan las mujeres está en la base de las desigualdades sociales y de género. Dichas desigualdades se originan tanto en la distribución del cuidado que se recibe como en los recursos con que cuentan las personas para hacerse cargo del cuidado de sí mismas y de los demás.

  
  

• Sostener la reproducción social sobre las mujeres tiene un alto costo de oportunidad para ellas y por lo tanto, se convierte en un factor de exclusión social y en uno de los factores que produce y reproduce pobreza.

  
  

• Se trata de promover la redistribución de tiempos y recursos; ello supone dar una batalla para que las políticas de cuidados se asienten en una perspectiva transformadora que enfrenta resistencias, no solo como un tema cultural, sino ante todo económico.

  
  

• Hemos de cuestionar y discutir incluso el sistema de cuentas nacionales en uso, de manera tal que incorpore costos y beneficios de largo plazo y una perspectiva feminista y ambiental. Esto es, un sistema que contabilice lo que hoy, debido a la teoría sobre la que se sustenta, se vuelve invisible.

  
  

• En nuestra región, si bien el Estado se encuentra debilitado e incluso deslegitimado en varios aspectos, es un actor de primer orden para la provisión y el acceso a servicios, regulaciones y articulaciones con el sector privado, a través de políticas públicas dirigidas a disminuir desigualdades y a asegurar derechos en la redistribución de cargas y tiempos de cuidados.

  
  

• Por lo tanto, las organizaciones de mujeres y feministas nos planteamos ¿Cómo asegurar recursos “intocables” para que las políticas de cuidados sean efectivas? Y la posible respuesta tiene al menos dos dimensiones: una económico-financiera y otra, política y de derechos, ¿Quién paga por los cuidados? ¿Cómo se asegura la obligatoriedad y la universalidad?

  
  

• Asegurar los cuidados implica establecer acuerdos en el ámbito global y en los niveles nacionales. Entre gobiernos y sociedad civil y entre los diferentes intereses en la sociedad. Los acuerdos regionales y globales pueden brindar fortaleza y capacidad de decisión a los estados nacionales y la necesaria adecuación a las nuevas necesidades y desafíos. La IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo es una oportunidad para trabajar sobre estos acuerdos.

Las barreras y las respuestas de política fiscal

• Las economistas feministas enfrentamos diversas barreras al abogar por la inversión en políticas de cuidados, que insistimos son inversión y no gasto. Hemos presentado evidencia sobre los beneficios para las mujeres, la sociedad en general y la economía, mostrando los grandes efectos multiplicadores que el sector genera en el empleo y los ingresos, a fin de enfrentar un obstáculo estructural al logro de nuestros objetivos: la falta de espacio fiscal.

  
  

• Los países latinoamericanos se caracterizan por una desigualdad extrema, con dos consecuencias clave para nuestro debate. En primer lugar, el bienestar de una gran parte de la población de la región depende de la capacidad de los gobiernos para utilizar la política fiscal eficazmente. Esta responde a un acuerdo social explícito sobre lo que un país proporcionará a sus ciudadanos (a través del gasto público) y quién contribuirá a hacerlo posible (a través de los impuestos). La desigualdad existente en nuestras sociedades refuerza la importancia de que este pacto abarque la provisión de necesidades básicas como la salud, la educación y el cuidado.

  
  

• Sin embargo, se ha producido un cambio en los últimos años en la concepción de la función del gobierno y los derechos que debe defender. Desde una perspectiva social y de derechos humanos se transita hacia un enfoque individualista que ha debilitado la justificación del gasto público en la región. Por lo tanto, debemos redoblar nuestros esfuerzos para justificar la inversión en cuidados.

  
  

• El segundo lugar, un aspecto crucial de la desigualdad es que afecta la capacidad del gobierno para recaudar impuestos. Solo un pequeño porcentaje de la población gana lo suficiente como para realizar contribuciones fiscales sustanciales en la región. La estrecha base imponible del impuesto sobre la renta, en términos de número de personas, ha llevado a los países latinoamericanos a depender de impuestos indirectos, que son regresivos.

  
  

• La enorme concentración del ingreso en la parte superior de la distribución implica que nuestros países tendrían que gravar aún más a los más ricos que los países con menor desigualdad. Pero se hace lo contrario, y a medida que aumenta la desigualdad, esta base imponible se reduce. La tributación progresiva contribuye a recaudar ingresos para que los gobiernos puedan proveer a su población, así como combatir la creciente desigualdad en nuestras sociedades.

  
  

• Por ello, las economistas feministas en América Latina destacamos la importancia de aumentar la tributación sobre la renta en la cima de la distribución y gravar la riqueza. Estas propuestas de reformas tributarias progresivas encuentran profundas barreras políticas para ser aprobadas dentro de nuestras fronteras. Además, la inestabilidad política actual ha socavado la capacidad del multilateralismo para respaldar los acuerdos fiscales internacionales que permitirían a los países gravar la riqueza y combatir los abusos fiscales.

  
  

• Esta convergencia es importante no solo para financiar los cuidados sino también, para financiar la adaptación y la mitigación del cambio climático, así como para establecer fondos para combatir las emergencias que enfrentamos y que serán cada vez más frecuentes.

  
  

• Finalmente, es preciso destacar dos obstáculos que dificultan enormemente la movilización política para colocar en la agenda de manera más contundente la existencia de una crisis de los cuidados. El primero consiste en que el trabajo de cuidados no remunerado no se considera en el cálculo del PIB y por lo tanto, es invisible en muchas esferas. La excesiva dependencia del crecimiento del PIB ha tenido graves consecuencias para las crisis que enfrentamos hoy. Por su parte, lo perverso de la crisis de los cuidados, como de cualquier crisis económica, es que acentúa las desigualdades.

  
  

• Un obstáculo adicional es la dificultad para movilizar a los hombres, así como a las mujeres de las élites del norte y del sur global hacia propuestas más equitativas. Al no consensuar un pacto social explícito para brindar cuidados y compartir las responsabilidades entre los sectores de la sociedad y las personas por igual, nos basamos en pactos tácitos como el racismo estructural y la discriminación de género. La provisión de cuidados gratuitos por parte de muchas mujeres, así como la precarización racializada del trabajo de cuidados en la región, proporciona un subsidio a los hombres de todas las clases, y familias que se encuentran en la cima de la distribución, que son renuentes a aceptar propuestas más equilibradas.

  
  

• Si bien hemos avanzado en el debate sobre los derechos de los y las trabajadoras del cuidado, aún estamos muy lejos de incorporar el cuidado comunitario en nuestras conversaciones y de reconocer su papel estratégico en la resistencia a la crisis en el sur global. Por su parte, los países del norte global no están considerando con mayor seriedad el trabajo de las y los migrantes en sus agendas de políticas de cuidado.

LLAMADOS A LA ACCIÓN:

Los cuidados son un asunto político; su financiamiento es parte de una discusión política y se defiende como un derecho y un bien público.

• No necesitamos justificar la necesidad de asegurar el financiamiento de los cuidados que es en primer lugar, una obligación del Estado y que debe comprenderse como una inversión para asegurar la sostenibilidad de la vida.

Se requiere un pacto fiscal que responda a las necesidades de un nuevo pacto social orientado a garantizar el derecho al cuidado y que represente una apuesta por la igualdad.

• Los Estados tienen la responsabilidad de alinear el orden fiscal de acuerdo a un nuevo pacto social con capacidad de transformación, de carácter integral, que incorpore una perspectiva de género y que aborde las múltiples formas de discriminación y sus intersecciones, permitiendo el cumplimiento con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

  
  

• Es preciso avanzar tanto en la corrección de los sesgos de género de los sistemas tributarios  como en la consideración de los presupuestos públicos sensibles al género.

  
  

• Se trata por tanto, de aumentar el espacio fiscal combatiendo la evasión y elusión fiscal, así como los flujos financieros ilícitos y adoptando mecanismos innovadores para mejorar la recaudación de impuestos de los grupos más ricos y de mayores ingresos, así como los impuestos corporativos, sobre el patrimonio y sobre la propiedad, entre otros. 

La tributación trasciende la esfera nacional: gestar pactos globales a favor de los cuidados

• La apuesta por una acción colectiva global a favor de los cuidados es imprescindible. En un momento donde las relaciones geopolíticas son tensas, colocar los cuidados en el centro de las discusiones globales humaniza su sentido y contenido.

  
  

• Reclamamos a los responsables políticos del norte global que incorporen en su reflexión la consideración de las consecuencias de sus políticas en otros países.

  
  

• El cuidado es un asunto global y por lo tanto, debe abordarse globalmente. Los países latinoamericanos enfrentan obstáculos que no pueden superar solos; por eso es preciso unir esfuerzos para combatir juntos la crisis de los cuidados.

  
  

• Toda vez que actualmente las negociaciones de las agendas bilaterales están basadas en la relación extractivista y en el componente migratorio, es clave introducir el cuidado ya que hace parte importante de estas problemáticas.

  
  

• Se requiere que las sociedades del norte consideren con mayor seriedad el trabajo de los inmigrantes en sus agendas de políticas de cuidado.

  
  

• Es necesario reforzar la cooperación internacional para obligar al sector privado concentrado -multinacional y financiero- al cumplimiento de estándares mínimos de derechos humanos, ambiente y trabajo decente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

  
  

• La política exterior feminista es una aliada estratégica cuando se transversaliza en las negociaciones internacionales. En este caso nos referimos puntualmente a la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo, a la Conferencia Regional de la Mujer de CEPAL, así como también a la Conferencia de Partes (COP) de Belem do Pará. Otro ejemplo es la Cumbre Unión Europea (UE) - Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para impulsar un Pacto birregional sobre las políticas de cuidados.

El sector privado es un actor indispensable si se entienden los cuidados como bien público y no como bien de mercado.

• La regulación y control del Estado –asegurando la calidad y cobertura en la provisión de servicios- junto al sector privado (en sus múltiples dimensiones) tienen un sitio complementario en la organización social de los cuidados, a favor del interés común y debe estar acompañado de financiamiento de recursos privados.

  
  

• El sector privado en tanto empleador puede contribuir a reformular la cultura laboral; para ello la ratificación y puesta en marcha del convenio 156 de OIT sobre las responsabilidades familiares es clave. Cuando el mercado laboral dignifique y valore el trabajo de cuidados, los hombres lo realizarán trascendiendo los estereotipos de género.

  
  

• En tanto contribuyente, el Estado debe garantizar que el sector privado no incurra en la evasión y la elusión fiscal, y las deudas tributarias para permitir la ampliación del espacio fiscal y los recursos públicos.

  
  

• Por su parte, como actor filantrópico puede contribuir a la provisión de infraestructura.

La sociedad civil en la resistencia a la crisis y garante del diálogo democrático

• Es preciso visibilizar y valorizar los aportes colectivos que gestionan y proveen cuidados en el ámbito comunitario, liderados por mujeres insertas en territorios tanto urbanos como rurales, reconocer su acción estratégica para compensar el rol deficitario de los estados, potenciar el alcance de las políticas públicas y actuar en la resistencia a la crisis en nuestros países.

  
  

• El rol de sociedad civil es clave para garantizar el diálogo democrático, el seguimiento de los acuerdos y su legitimidad entre actores públicos y privados, así como en la fiscalización de la normatividad y las políticas públicas.

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